Las consecuencias de la militarización de la seguridad pública en la fortaleza del Estado mexicano

En diversos países de América Latina, las Organizaciones Traficantes de Drogas (OTDs) representan una gran amenaza porque desestabilizan y desafían las capacidades del Estado. En la literatura especializada, la capacidad del Estado se define como la habilidad para ejercer el control sobre un territorio determinado y regular así sus relaciones sociales. Típicamente hay dos dimensiones relevantes: la seguridad pública que es la capacidad para mantener orden dentro del país; y la extracción fiscal que le brinda al Estado la capacidad para realizar el resto de sus acciones. En un contexto de constantes afrentas al Estado por parte de las OTDs, la respuesta se ha encaminado a militarizar los esfuerzos de la lucha contra las drogas. En ese sentido, surge la pregunta sobre si la militarización conlleva a un fortalecimiento o debilitamiento de las capacidades estatales.

Por un parte, existe la creencia de que las intervenciones militares fortalecen más la capacidad del Estado en comparación con las intervenciones policiales. Regularmente, los militares se encuentran mejor equipados, cuentan con un mejor entrenamiento y su táctica es superior. Además, la cadena de mando – la habilidad para cumplir órdenes expeditamente – evita los problemas de coordinación que usualmente padecen las organizaciones civiles. A su vez, una mejora en las condiciones de seguridad está positivamente relacionado con la capacidad de extracción fiscal, es decir, en ambientes más seguros, los ciudadanos confían más en las autoridades, por lo que se encuentran más proclives a pagar impuestos, mientras que más empresas se establecen en el territorio.

Sin embargo, en un estudio reciente, Flores Macías teoriza una relación inversa entre la militarización y la capacidad estatal. De acuerdo con el autor, las OTDs tienden a igualar la capacidad de fuego de los militares y formar sus propias milicias, volviéndose más violentos. Cuando el gobierno ataca a un grupo y lo debilita, las organizaciones rivales suelen intentar apropiarse de su esfera de influencia, generando en consecuencia más violencia. Finalmente, debido a los altos costos de la militarización, estos grupos tienden a diversificar la actividad criminal hacia otros sectores, igualmente lucrativos y con mucho menor riesgo, como la extorsión o el secuestro. El empeoramiento en las condiciones de seguridad provoca, a su vez, que se debiliten los vínculos de confianza entre el Estado y los ciudadanos, lo que dificulta el proceso de extracción fiscal.

Estrategia empírica

Para probar empíricamente esta hipótesis, el autor explora el caso mexicano a nivel subnacional. En 2006, el presidente Felipe Calderón anunció una estrategia de combate frontal a las OTDs. Los militares, que históricamente habían tenido un rol secundario en el combate al narcotráfico, se volvieron un actor fundamental, asumiendo el control en las operaciones y relegando a las policías un papel de apoyo.

Para establecer la fortaleza del Estado en sus dos dimensiones, el autor usa las siguientes variables: en seguridad pública, la tasa de homicidios y la tasa de secuestros; mientras que en extracción fiscal utiliza la tasa de impuestos con respecto al PIB. La estrategia que sigue es la construcción de un contrafactual para medir cuál es la diferencia en la trayectoria de la violencia y la extracción fiscal tanto en entidades con presencia militar como en las que no la hubo. De esta manera, es posible controlar por variables que afecten a todo el país como cambios institucionales a nivel nacional. Para construir esos contrafactuales, se hace uso de controles sintéticos y de un modelo con base en diferencias en diferencias. El uso de estas técnicas permite comparar tendencias entre las zonas que tuvieron militarización y las que no, lo que difumina, en cierta medida, la endogeneidad inherente a la militarización y los niveles de violencia.

En términos de seguridad pública, los resultados sugieren que, en promedio, cada año la militarización incrementó 17 por ciento la tasa de homicidios y la tasa de secuestro uno por ciento. En términos de extracción fiscal, se redujo la recaudación 0.09 puntos con respecto al PIB – lo que equivale a alrededor de 30 por ciento de los impuestos recaudados en los estados militarizados.

Finalmente, el autor sugiere algunas hipótesis alternativas a la militarización que pudieran haber deteriorado la seguridad pública y, en consecuencia, la recolección de impuestos. Por ejemplo, el cambio en variables socioeconómicas, un cambio institucional (alternancia en el poder político) o factores asociados al mercado internacional del tráfico de drogas. Sin embargo, mediante evidencia cualitativa, el autor muestra que no existe relación entre las mismas y el debilitamiento de la capacidad del estado.

En países como México que enfrentan amenazas de seguridad interior con capacidad para desafiar al menos temporalmente al Estado, los resultados de este artículo sugieren que la militarización de la seguridad pública no debería ser la única alternativa de política pública en la lucha contra las OTDs. Como está ampliamente documentado, la construcción de policías eficientes y confiables a nivel local es fundamental para lograr disminuir los índices de violencia sistemática y sostenidamente.

Article source: Flores-Macías, Gustavo. “The Consequences of Militarizing Anti-Drug Efforts for State Capacity in Latin America: Evidence from Mexico.” Comparative Politics 51, no. 1 (January 2018): 1–20.

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