La política social y la ley del mínimo esfuerzo

Desde de los años 90, los programas sociales que otorgan transferencias de efectivo han sido parte fundamental de la política social en los países en desarrollo. Algunos estudios identifican más de 119 países que han implementado algún tipo de programa de transferencias de efectivo (PTE), con un estimado de mil millones de personas beneficiarias de ellos. Más aún, varios de estos programas han sido precursores del uso de estudios experimentales (asignaciones aleatorias) en las políticas públicas con demostrados efectos educativos, de acceso a servicios de salud, y de reducción de la pobreza.

Una de las inquietudes que más se escuchan por parte de sus implementadores – y de algunas voces críticas – es si este tipo de apoyos desincentiva a sus beneficiarios a intentar salir de su condición de pobreza: el lugar común de relacionar la condición de pobreza con la flojera, el conformismo, o la falta de voluntad, más que con la desigualdad de oportunidades.

Por un lado, existen dos razonamientos económicos detrás de este argumento. El primero es el llamado efecto ingreso en la elección de ocio-consumo de la Teoría del Consumidor, que supone una disminución en el tiempo dedicado al trabajo ante la disminución en el precio relativo del ocio. En otras palabras, tener lo mismo trabajando menos. El segundo razonamiento, que responde a cuestiones más prácticas, es la creencia del beneficiario de que con un mayor ingreso laboral dejará de ser elegible para el programa.

Por otro lado, el argumento a favor de este tipo de apoyos – que es la teoría de cambio de los programas – ve al apoyo como un activo productivo o un choque que ayuda a salir de las trampas de pobreza y de acceso a créditos mediante el autoempleo.

En este sentido, en un estudio de The World Bank Research Observer, Banerjee y autores revisaron evaluaciones de PTE en seis países (Honduras, Indonesia, Marruecos, México, Nicaragua, y Filipinas) con datos desagregados por hogar y por clústeres. En el diseño metodológico del estudio se reanalizaron los datos de las evaluaciones con un modelo de diferencias en diferencias y controlando por efectos fijos de clústeres. Además, se implementó un modelo jerárquico bayesiano para agregar los resultados, pero permitiendo diferenciar los efectos por cada caso (los efectos de tratamiento no son los mismos en todos los países).

Al respecto, no se encontraron relaciones significativas que supongan un desincentivo al trabajo por ser beneficiario de estos programas en ninguno de los casos, ni en la propensión a tener un empleo, ni en el número de horas trabajadas. En estas estimaciones, se encuentran incluso ligeros aumentos en las horas trabajadas por los hombres principalmente.

Los cambios que sí se pueden atribuir a estos programas son en las dinámicas de trabajo como la sustitución entre el empleo formal y el informal, o entre el trabajo fuera y dentro del hogar; sin embargo, los resultados son heterogéneos. En México, por ejemplo, se encontró una sustitución de trabajo agrícola por no agrícola en los beneficiarios del programa PROGRESA, hoy PROSPERA.

Más allá de los datos, con base en su experiencia en evaluaciones, así como la acumulación de conocimiento en los PTE, los autores proponen que no hay un efecto negativo en el trabajo en parte porque los montos suelen ser suficientemente pequeños como para mantener a una persona fuera del mercado laboral. Más aún, la focalización (targeting) es muy difícil. Argumentan que la focalización está poco conectada con los ingresos verdaderos que son difíciles de observar y, en muchos casos, basada únicamente en cuestiones geográficas (se atienden las localidades más pobres).

Un mecanismo no explorado en el estudio es el del tiempo empleado en participar en el programa y la potencial disminución del tiempo productivo. Algunos programas en México, por ejemplo, han empezado con la bancarización del apoyo, lo cual requiere en algunos casos largos traslados al cajero automático más cercano.

Parecería entonces que la correlación entre pobreza y falta de voluntad (o esfuerzo) se puede encontrar en las teorías económicas, pero no en los datos. Por ello, valdría la pena tener en cuenta estos efectos potenciales a la hora de diseñar las políticas públicas, teniendo muy clara la teoría de cambio y, en su caso, aprovechando los resultados positivos de brindar directamente activos productivos con capacitación y apoyos para el mantenimiento de ese activo.

Article source: Banerjee, Abhijit V., Rema Hanna, Gabriel E. Kreindler, and Benjamin A. Olken. “Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: Evidence from Cash Transfer Programs.” The World Bank Research Observer Volume 32, Issue 2 (2017): 155–184.

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