Evidencia sobre el efecto del impuesto a refrescos y bebidas azucaradas en México

Entre 2012 y 2013, nos enteramos de que México se convirtió en uno de los países con mayores niveles de obesidad y sobrepeso, con una prevalencia combinada de 70% entre adultos y 30% entre niños en edad escolar (5-11 años). Dos años después se instauró el primer impuesto a bebidas azucaradas en México. Esta fue una de las múltiples acciones que se tomaron para contrarrestar el aumento de la obesidad, así como su impacto negativo en la salud de la población y en las finanzas públicas de nuestras instituciones de salud. La lógica detrás del impuesto no era obvia; en ese momento, eran pocos los casos de éxito documentados con medidas similares. La iniciativa puso a debatir a muchos involucrados en el proceso. De lo que sí se tenía evidencia robusta era que existe una sólida asociación entre el consumo diario de azúcares refinadas y un incremento en el peso de las personas. En México, esta asociación se observa importantemente mediante la ingesta de refrescos y otros tipos de bebidas con alto contenido de azúcares libres.

El impuesto consistió en gravar un peso mexicano (cinco centavos de dólar) por cada litro vendido de una larga lista de refrescos y bebidas con alto contenido de azúcar. El Congreso aprobó el impuesto con dos objetivos principales: 1) elevar el precio de dichas bebidas y, consecuentemente, 2) desincentivar su consumo entre la población. Un estudio, elaborado por Jeffrey Grogger de la Universidad de Chicago, mostró evidencia muy convincente de que el primer objetivo se había logrado: el precio de refrescos al consumidor aumentó 12% después del impuesto, y no se observa un efecto sustitución significativo hacia otras bebidas no gravadas con alto contenido calórico. Este y otros estudios sirvieron como contrapeso a la abundancia de información acientífica que las refresqueras y otros aliados de la industria trataron de imponer en la opinión pública.

A poco más de dos años, una colaboración entre el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del Norte produjo un nuevo estudio sobre el segundo objetivo del impuesto: reducir el consumo. Las cifras son muy prometedoras, pues muestran que en 2014 el consumo disminuyó en promedio 5.5%, y en 2015 bajó incluso a 9.7%. Esta investigación se basó en una encuesta a 6,645 hogares de 53 ciudades mexicanas. Se realizó una cuidadosa sistematización de los productos consumidos en los hogares para estimar el cambio en la ingesta de bebidas azucaradas. No es un estudio experimental, y sería muy difícil que lo fuera con un impuesto aplicado a nivel federal. Sin embargo, mediante un uso cuidadoso de los datos disponibles, los investigadores logran aproximar el contrafactual, es decir, cuántas bebidas azucaradas se habrían consumido durante este tiempo si el impuesto no hubiera existido. Los autores utilizan dos modelos (uno para 2014 y otro para 2015) de regresión con efectos fijos, ajustan sus cifras a la inflación y estacionalidad, y controlan factores sociodemográficos que varían en el tiempo como tamaño del hogar y nivel socioeconómico.

Estos hallazgos son similares a las reducciones en ventas reportadas por la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera para ambos años posteriores al impuesto. También son consistentes con los hallazgos de Grogger sobre el incremento en el precio de las bebidas. Se trata de una gran contribución a la evidencia disponible sobre este tipo de política pública; no sólo para las autoridades e instituciones mexicanas, sino para múltiples tomadores de decisión alrededor del mundo que observaban impacientes los resultados de esta medida. Su éxito alienta a replicarla, adaptarla o buscar otras alternativas para contener el sobrepeso en distintos países.

¿Qué sigue? Muchas cosas. Por una parte, uno de los principales eslabones de investigación que falta entender es cómo esta reducción en el consumo podrá traducirse en mejoras a la salud pública y, eventualmente, en la reducción de la mortalidad por enfermedades asociadas al sobrepeso. Por otra parte, al discutir cualquier impuesto, también es relevante analizar en dónde termina el dinero recaudado y de qué manera se están reinvirtiendo esos recursos para potenciar su efecto en los hábitos y la salud de la población. Esto quizá presente una realidad mucho menos agradable en el caso de México. La poca transparencia y falta de rendición de cuentas en el gasto público podrían comprometer el objetivo de reducir la obesidad y el sobrepeso en el país. Aunque el impuesto logre reducir el consumo de azúcar y el peso de las personas, tal como se está observando, cualquier experto estará de acuerdo con que ese efecto no será suficiente para revertir las tendencias observadas y que, si en verdad queremos frenar esta epidemia, los esfuerzos no deberán limitarse a los impuestos.

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Article source: Cochero, Arantxa M., Juan Rivera-Dommarco, Barry M. Popkin, and Shu Wen Ng. “In Mexico, Evidence of Sustained Consumer Response Two Years After Implementing A Sugar-Sweetened Beverage Tax.” Health Affairs (2017).

Featured photo: cc/(piotr_malczyk, photo ID: 537628728, from iStock by Getty Images)